Ley de acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

El 14/06/2007 se aprobó la nueva ley de acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas.

Esto debe significar, en buena lógica, un cambio radical de las administraciones. Con la aplicación de esta ley se eliminará la voluntariedad de las administraciones públicas e introduce la obligatoriedad. De esta manera se acaba la aplicación de diferentes criterios en las diferentes administraciones en función de sus posibilidades o grado de innovación y ofrecer un conjunto reducido de trámites o procedimientos por la vía electrónica. Será el ciudadano el que decidirá si quiera dirigirse electrónicamente a les administraciones.

Esta ley es un reto muy importante, sobretodo por determinados entes locales que tienen las mismas obligaciones que las grandes administraciones pero con unos recursos (tecnológicos, económicos, organizativos, etc.) mucho más reducidos. También se debe tener en cuenta el gran esfuerzo tecnológico y de adaptación y reciclaje del personal que se tendrá que hacer.

A pesar de que a priori parece que no aporta beneficio alguno para las administraciones y que todo serán esfuerzos, hay que ver esta ley como la gran oportunidad de modernización.

Como resumen se podría decir que la ley garantizará a grandes rasgos:

- El acceso a los servicios públicos vía Internet, móvil, televisión o cualquier otro medio electrónico .
- Poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que estén en marcha.
- No tener, por fin, que presentar documentación que esté en poder de alguna administración (véase el DNI que tenemos que presentar en cualquier trámite).
- Les comunicaciones electrónicas tendrán el mismo valor jurídico que las que se realizan en papel.
- Hacer un trámite o recibir información a través de Internet o un teléfono tendrá el mismo valor que de la manera tradicional.
-El uso de les lenguas cooficiales para realizar las comunicaciones con las administraciones.

La ley es realmente un proyecto muy ambicioso y puede revolucionar y dar un impulso importantísimo a las administraciones, además, de facilitar notablemente la relación del ciudadano con las mismas.

Todo esto deberá estar disponible en el año 2009, exceptuando las administraciones autonómicas y locales que tendrán de plazo hasta el 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.

En fin, no queda otro remedio que ponerse la pilas y modernizar la administración (hay honrosas excepciones) de una vez por todas.